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Garrote vil para dos inocentes
[Historia]
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El caso Delgado-Granado

Carlos Fonseca

1998; 14x22 cm; 280 págs; rústica; 978-84-7880-955-4; Edita:Temas de Hoy

Uno de los casos más conocidos y protestados de terrorismo judicial y de Estado es el de Sacco y Vanzetti. Dos anarquistas italianos emigrados a Estados Unidos de América que durante los años veinte fueron acusados de un crimen que nunca cometieron. Las autoridades americanas obviaron las numerosas y constantes protestas que durante varios años se sucedieron en el ámbito nacional e internacional y ejecutaron en la silla eléctrica a dos enemigos del Estado. En España tenemos el caso de Francisco Ferrer i Guardia, el pedagogo anarquista catalán que fue acusado de promover la Semana Trágica y que, en realidad, fue ejecutado por practicar y difundir una educación laica. Corría el año 1909.

Más reciente tenemos un caso poco conocido y que en la actualidad se está difundiendo. Se trata del caso Delgado y Granado, dos anarquistas españoles que vivían en Francia y que en el año 63, perteneciendo a JJ.LL., y en un plan organizado por Defensa Interior, entraron en la Península para colaborar en un atentado contra Franco; uno de tantos que se prepararon desde el Movimiento Libertario contra el Dictador.

Su estancia en Madrid se prorroga más de lo debido por algunos fallos de coordinación y por una avería en el coche. En esas misma fechas estallan dos artefactos: uno en la Dirección General de Seguridad y otro en el edificio de la Delegación Nacional de Sindicatos. Dos lugares muy significativos del Régimen: el primero por las torturas que en sus departamentos ejercían los de la terrorífica Social a todos aquéllos que manifestaban una oposición al Dictador; el segundo, por lo que representaba del sindicalismo, totalmente falso y tergiversado desde el punto de vista de los trabajadores. Parece ser que ambos artefactos fueron colocados con la intención de llamar la atención, de causar pequeños destrozos materiales. Sin embargo, el de la Dirección General de Seguridad explotó antes de lo previsto y hubo numerosos heridos.

Las autoridades se movilizaron para encontrar a los culpables, pero detienen a dos inocentes. Un Consejo de Guerra, donde los plazos son muy breves para lo que suele ser un proceso judicial normal, se inicia en pleno verano del 63 contra Joaquín Delgado y Francisco Granado. Pese a que ellos se declaran inocentes y careciendo las autoridades de pruebas, los dos jóvenes anarquistas son ejecutados a garrote vil. Tan sólo transcurren unos días desde su detención hasta la fecha de su ejecución.

El libro de Carlos Fonseca no sólo hace un estudio al que le ha dedicado muchas horas y visitas a numerosos archivos y bibliotecas (en alguno de los cuales no fue muy bien recibido), sino que además ha entrevistado a compañeros y familiares de las víctimas en su afán de tratar de aclarar los sucesos hasta en los más mínimos detalles. Por su lectura podemos conocer que tanto Delgado como Granado eran inocentes de los hechos que se les imputaban por la sencilla razón de que los autores viven y se declaran responsables de la colocación de los artefactos. Son otros dos anarquistas: Sergio Hernández y Antonio Martín.

Según va relatando los acontecimientos, Fonseca nos hace conocer la triste realidad que sufría el pueblo español. Las cárceles estaban abarrotadas de opositores al Régimen, pero también de ciudadanos que o no intervenían en la vida política o no tenían nada que ver con los hechos por los que se les juzgaba. Francisco Sánchez Ruano fue sentenciado a veintiocho años de cárcel en un Consejo de Guerra donde le acusaban de haber colocado un artefacto que explotó en el Valle de los Caídos. Él no tuvo nada que ver, pero se pasó diez años entre rejas. En el caso Delgado y Granado, además de ser condenados éstos a muerte, varias personas que tenían relación con ellos, en algunos casos de amistad y en otros comercial, sin saber ni tener nada que ver con el tema, sufrieron prisión: Manuel Gambín, jefe del taller mecánico donde Granado llevó el coche a reparar, fue condenado a doce años; Gregorio Corona y Victoriano García, empleados del taller mecánico, a tres y un año, respectivamente; a María de la Cruz López, novia de Granado, y a quien éste había conocido unas semanas antes, a seis meses. El dictamen del Régimen era establecer el terror sobre la población.

Otros análisis que hace Carlos Fonseca quizás no sean compartidos por muchos compañeros, pero el estudio que realiza sobre el caso, en general, está muy bien realizado y es aceptable.

LA PENA DE MUERTE
La pena de muerte no está justificada en ningún caso, y para los partidarios de tan criminal medida hay que recordarles siempre el argumento de mayor peso: la posibilidad de que los ajusticiados sean inocentes. Hay muchos casos.

Desde hace unos años se está tratando de reabrir el caso Delgado-Granado. Quizás alguno se pregunte que para qué, puesto que a los muertos ya no se les puede devolver la vida. La reapertura es importantísima para conocer la verdad y para que estos casos no se repitan jamás.

Cuando Sergio Hernández y Antonio Marín se declararon autores de los hechos públicamente, los periodistas catalanes Lala Gomá y Xavier Montanyá iniciaron las labores de investigación para realizar un documental. El proyecto fue bien acogido por varias televisiones españolas, pero ninguna acabó por asumirlo y financiarlo. Fue una cadena de Europa, Arte, la que lo aprobó. El documental se emitió en varios países europeos, mas no en España. Sólo algunos periódicos se hicieron eco de los hechos. Un año después de esta emisión, TVE, por su segunda cadena, durante la noche temática dedicada al anarquismo, ofreció la película Tierra y libertad, de Ken Loach, el magnífico documental Vivir la utopía, y a última hora, ya de madrugada, emitieron Granado y Delgado. Un crimen legal. Los autores de los hechos confiesan ante las cámaras su participación en la colocación de los explosivos.

Ahora que tanto se está sacando a la luz el caso del asesino y dictador Pinochet, bueno es recordar que aquí también hubo crímenes y que personas como Manuel Fraga Iribarne, hoy presidente de la Comunidad Autónoma gallega, era en el año 63 ministro de Información y Turismo y estuvo presente en el Consejo de Ministros que dio vía libre a la ejecución de dos inocentes.

Es de agradecer la gran labor que han realizado los periodistas, que de forma tan comprometida, se han esforzado en el esclarecimiento de los hechos. Más ahora que corren tiempos de superficialidad y cotilleos en la prensa. Su trabajo es un grano de arena más en la reapertura del caso y para que en lo sucesivo no ocurran atrocidades de este tipo. Y lo digo en estos momentos, cuando estamos a punto de volver a vivir un hecho similar en Estados Unidos. La vida del periodista negro Mumia Abu-Jamal pende de un hilo. ¿Se volverá a repetir la historia?

Este producto esta en nuestro catálogo desde miércoles 19 septiembre, 2007.
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